En las últimas décadas, el sistema tributario mexicano ha experimentado una transformación profunda que trasciende la simple incorporación de herramientas tecnológicas. No se trata únicamente de modernizar procesos, sino de un cambio estructural en la forma en que el Estado concibe, ejecuta y controla el cumplimiento de las obligaciones fiscales.

Este cambio encuentra su origen en una problemática histórica: un modelo de fiscalización caracterizado por su lentitud, su naturaleza reactiva y su limitada capacidad para combatir eficazmente la evasión y la informalidad. Durante años, la autoridad fiscal dependió de revisiones posteriores, auditorías presenciales y procesos largos que, en muchos casos, resultaban insuficientes frente a la dinámica económica real.

Fue en este contexto que el Servicio de Administración Tributaria inició un proceso de transformación que marcaría un antes y un después en la administración tributaria: la incorporación de la tecnología como eje central del control fiscal.

El primer paso significativo se dio en 2004 con la introducción del Comprobante Fiscal Digital (CFD), una herramienta que, aunque en su origen fue opcional, sentó las bases para la digitalización de las operaciones económicas. Sin embargo, el verdadero punto de quiebre se produjo entre 2011 y 2014 con la implementación obligatoria del Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), que permitió a la autoridad acceder a información en tiempo prácticamente real.

A partir de ese momento, el modelo comenzó a evolucionar de manera acelerada. La reforma fiscal de 2014 incorporó figuras clave en el Código Fiscal de la Federación, como el buzón tributario y la revisión electrónica, consolidando el tránsito de un esquema de fiscalización física a uno eminentemente digital. Paralelamente, la introducción de la contabilidad electrónica amplió el espectro de control, permitiendo a la autoridad no solo conocer los ingresos de los contribuyentes, sino también su estructura contable y financiera.

En los años subsecuentes, este ecosistema se robusteció con la incorporación de nuevos elementos: comprobantes de nómina, complementos fiscales, declaraciones prellenadas y visores de información, todos ellos orientados a construir un sistema integral de monitoreo. Más recientemente, con la implementación del CFDI 4.0 y el uso de herramientas de analítica avanzada, el modelo ha alcanzado un nivel de sofisticación que permite detectar inconsistencias, riesgos y patrones atípicos de manera automatizada.

Lo que originalmente fue concebido como un mecanismo de control documental, se ha convertido hoy en un sistema de fiscalización basado en datos, donde la autoridad no solo verifica el cumplimiento, sino que lo anticipa.

Este proceso ha dado lugar a un cambio de paradigma fundamental: el contribuyente ya no opera en un entorno donde declara y posteriormente puede ser revisado, sino en uno donde sus operaciones son conocidas, analizadas y, en muchos casos, preconfiguradas por la propia autoridad antes incluso de la presentación de sus declaraciones.

En este nuevo escenario, la digitalización no debe entenderse como una herramienta auxiliar, sino como el eje rector del sistema tributario. La fiscalización electrónica representa, en esencia, la convergencia entre tecnología, normatividad y control, configurando un modelo en el que la trazabilidad de la información y la inmediatez en su análisis redefinen las reglas del cumplimiento fiscal.

En los últimos años, la digitalización del sistema tributario mexicano ha evolucionado hacia un modelo cada vez más sofisticado, en el que la tecnología no solo facilita el cumplimiento de las obligaciones fiscales, sino que se ha convertido en el eje central de la fiscalización. Dentro de este proceso, la incorporación de herramientas de analítica avanzada y modelos de inteligencia artificial por parte del Servicio de Administración Tributaria ha generado un cambio profundo en la forma en que se identifican y persiguen posibles incumplimientos.

Sin embargo, este avance tecnológico también plantea una cuestión fundamental que merece un análisis cuidadoso: ¿hasta qué punto los hallazgos derivados de estos sistemas constituyen verdaderos elementos probatorios?

Para responder a esta interrogante, es necesario comprender cómo funciona realmente la inteligencia artificial en el ámbito fiscal. Lejos de tratarse de sistemas autónomos con capacidad de decisión jurídica, lo que la autoridad utiliza son modelos de análisis de datos que procesan grandes volúmenes de información proveniente de diversas fuentes: comprobantes fiscales digitales (CFDI), declaraciones, contabilidad electrónica, información bancaria y registros de seguridad social, entre otros.

A partir de esta información, dichos sistemas identifican patrones de comportamiento y, sobre todo, desviaciones respecto de esos patrones. Es decir, detectan lo que técnicamente se denomina anomalías: diferencias entre ingresos facturados y declarados, márgenes de utilidad atípicos, inconsistencias en la nómina, relaciones comerciales inusuales o estructuras de operación que se apartan de lo común dentro de un sector económico.

Este punto es crucial. La inteligencia artificial no “descubre” infracciones en sentido jurídico; lo que hace es señalar irregularidades desde una perspectiva estadística o sistémica. En otras palabras, identifica datos que “no cuadran” dentro del universo de información disponible, pero no determina por sí misma la existencia de una conducta ilícita.

No obstante, en la práctica, estas detecciones suelen traducirse en acciones concretas por parte de la autoridad, tales como cartas invitación, requerimientos de información o el inicio de facultades de comprobación. Y es aquí donde surge el riesgo de confundir una anomalía con una infracción.

Desde una perspectiva jurídica, la diferencia es sustancial. Una anomalía es, en esencia, un indicio; una señal de alerta que justifica una revisión más profunda. En cambio, una infracción fiscal requiere la acreditación plena de los elementos que la configuran, conforme a lo dispuesto en la legislación aplicable y bajo los principios de legalidad, tipicidad y debido proceso.

El problema radica en que, en ocasiones, la autoridad construye sus actuaciones partiendo de estas inconsistencias detectadas por sistemas automatizados, sin desarrollar adecuadamente el proceso probatorio que permita demostrar el hecho imponible. Se pasa así de un modelo de detección a uno de presunción, donde la carga de desvirtuar la “anomalía” recae de facto en el contribuyente.

Esta situación plantea un desafío relevante. Si bien es innegable que el uso de herramientas tecnológicas ha fortalecido la capacidad de fiscalización del Estado, también es cierto que su utilización debe ajustarse a los límites del marco jurídico. La información generada por sistemas de inteligencia artificial puede ser un punto de partida, pero no puede sustituir la obligación de la autoridad de fundar, motivar y probar sus determinaciones.

En este sentido, resulta indispensable distinguir entre el plano técnico y el plano jurídico. En el primero, la inteligencia artificial opera con base en probabilidades, correlaciones y patrones estadísticos. En el segundo, el derecho exige certeza, acreditación de hechos y respeto a las garantías del contribuyente. Confundir ambos planos implica un riesgo no menor: el de validar decisiones fiscales basadas en inferencias, en lugar de pruebas.

Así, el verdadero reto en la era de la fiscalización digital no radica únicamente en la capacidad del contribuyente para adaptarse a los nuevos sistemas, sino en garantizar que el uso de estas herramientas no desplace los principios fundamentales del derecho tributario.

En este año 2026 la conversación en torno a las llamadas “facturas falsas” ha estado cargada de polémica, simplificaciones y, en muchos casos, imprecisiones conceptuales, tradicionalmente, el fenómeno se entendía desde una lógica estrictamente jurídica, la existencia de comprobantes fiscales que amparaban operaciones inexistentes y que, por tanto, generaban efectos indebidos en materia de deducciones o acreditamientos. Bajo ese enfoque, la discusión giraba en torno a la simulación, la intención del contribuyente y la acreditación de la materialidad de las operaciones.

El avance de la digitalización fiscal ha modificado profundamente este entendimiento, hoy, el problema de las denominadas “facturas falsas” ya no se aborda únicamente como una cuestión de legalidad documental, sino como una anomalía dentro de un sistema de datos interconectados, en otras palabras, el eje de análisis ha dejado de ser el comprobante en sí mismo para centrarse en la consistencia del comportamiento económico que dicho comprobante refleja.

Este cambio no es menor, en el modelo tradicional, la autoridad debía construir un caso a partir de la revisión de documentos, visitas domiciliarias y análisis contables, la inexistencia de una operación debía probarse mediante elementos materiales, testimoniales y financieros que permitieran desvirtuar la presunción de validez de los actos del contribuyente Desde el surgimiento del concepto de FACTURAS FALSAS, se produce un cambio, el punto de partida es distinto, el sistema detecta que algo no “cuadra” antes incluso de que exista una revisión formal.

La fiscalización digital, sustentada en el cruce masivo de información proveniente de comprobantes fiscales, declaraciones, movimientos bancarios, contabilidad electrónica expediente integral por contribuyentes, ahora con la LLAVE MX, ha permitido a la autoridad construir modelos de comportamiento económico esperado. Cuando una operación se aparta de esos patrones, se genera una alerta, así, una empresa que emite facturas sin contar con estructura operativa, o que registra gastos sin activos o personal que los sustente, deja de ser vista únicamente como un posible caso de simulación jurídica y pasa a ser identificada como una inconsistencia sistémica.

En este contexto, el concepto de “factura falsa” se vuelve, en cierta medida, insuficiente, no porque el fenómeno haya desaparecido, sino porque ha sido absorbido por una lógica más amplia, la del análisis de datos. La autoridad ya no persigue exclusivamente documentos apócrifos o empresas inexistentes en términos formales; lo que busca es detectar comportamientos económicos que no se alinean con la información disponible en el sistema, la simulación deja de ser una categoría puramente jurídica para convertirse también en una disrupción dentro de una red de información.

Esto explica por qué, en la práctica, muchas de las actuaciones de la autoridad ya no parten de la identificación directa de una factura irregular, sino de la detección de inconsistencias, ingresos que no corresponden con los CFDI emitidos, estructuras empresariales que no justifican ciertos volúmenes de operación, o relaciones comerciales que no encuentran respaldo en otros datos disponibles, a partir de ahí, se construye una narrativa fiscal que puede derivar, eventualmente, en la calificación de operaciones simuladas.

No obstante, este nuevo enfoque también plantea retos importantes la detección de una anomalía en el sistema no equivale, por sí misma, a la existencia de una infracción, una cosa es que los datos no sean consistentes entre sí y otra muy distinta es que jurídicamente pueda acreditarse la inexistencia de una operación, la diferencia es sutil, pero fundamental, mientras que el análisis algorítmico opera sobre probabilidades y patrones, el derecho exige certeza, prueba y respeto al debido proceso.

La polémica en torno a las “facturas falsas” se inserta precisamente en esa tensión, por un lado, existe una necesidad legítima del Estado de combatir esquemas de simulación que erosionan la base tributaria y por otro, el uso intensivo de herramientas tecnológicas puede llevar a que se construyan presunciones a partir de datos que, aunque inconsistentes, no necesariamente constituyen prueba plena de una conducta ilícita.

Así, el debate actual ya no debería centrarse únicamente en la existencia o no de facturas falsas, sino en algo más profundo, en la forma en que el Estado está redefiniendo los criterios para identificar y sancionar la simulación económica, en este nuevo entorno, el contribuyente no solo debe preocuparse por la corrección formal de sus comprobantes, sino por la coherencia integral de su información dentro del sistema.

En última instancia, la fiscalización digital ha transformado el problema de las facturas falsas en un fenómeno más complejo y menos visible, ya no se trata únicamente de documentos irregulares, sino de estructuras de datos que deben ser consistentes entre sí, y en esa transformación, el riesgo no radica únicamente en la evasión, sino también en la posibilidad de que la detección de inconsistencias se convierta, de manera anticipada, en una presunción de incumplimiento.